Gobernadores, responsables.

Mafias: responsabilidad local.

Carlos Ramírez
INDICADOR POLÍTICO
Lunes, 1 de diciembre de 2008

Si bien la lucha contra las mafias del narcotráfico es de responsabilidad federal, la penetración de las mafias en zonas localizadas de ciudades de la República es una culpa acreditable a las autoridades estatales y municipales de gobierno.Ahí es justamente donde ha fallado la estrategia de seguridad pública del gobierno federal. Desde los setenta, los gobernadores y alcaldes han eludido decisiones de seguridad para sus entidades, pero con el hecho gravísimo de que han permitido, por omisión o comisión, al asentamiento local de estructuras de poder del crimen organizado.Dos de los gobernadores en cuyas entidades el narcotráfico se ha asentado fácilmente ilustran las dimensiones del desafío: Sonora y Chihuahua. Los mandatarios Eduardo Robinson Bours Casteló y José Reyes Baeza han endurecido las críticas al gobierno federal y, peor aún, el chihuahuense quiere censurar a los políticos que hablan del crecimiento de la delincuencia organizada en su entidad.Pero ocurre que policías locales de Robinson Bours Casteló y hasta vehículos con carga de su empresa productora de huevos Bachoco han sido atrapados en hechos de tráfico de drogas. Y a pesar de estos datos fundamentados en averiguaciones previas, el gobernador de Sonora es nada menos que presidente del la comisión de seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El asunto es sencillo: ¿qué autoridad moral y política tiene para ser exigente y crítico en seguridad quien ha visto a sus colaboradores inmiscuidos en asuntos de narco?En Chihuahua el asunto es más grave. Como Tamaulipas y Sinaloa, la entidad chihuahuense perdió el control de seguridad. Pero las cosas se explican de otra manera. Por ejemplo, en el municipio priista de Ciudad Juárez, el narco penetró primero la policía municipal, de responsabilidad local pero también estatal. Sin embargo, sin ninguna intervención federal, los policías municipales durante años han cobrado una mordida a los picaderos de droga. Peor aún: el secretario de seguridad pública del trienio anterior está detenido en EU por tráfico de mariguana.Por tanto, la conclusión es doble: el gobierno federal tiene la responsabilidad directa de la lucha contra el crimen organizado a escala nacional, pero las bandas se han asentado en ciudades del país con la anuencia/pasividad de los gobernadores y presidentes municipales. Las autoridades federales y el Ejército no han podido desmantelar la estructura de poder del crimen organizado porque éste se encuentra encamado con las estructuras políticas y de gobiernos estatales y municipales.En seguridad ha fallado la política, el gobierno y el ejercicio del poder. Los narcos no llegan a una ciudad en secreto ni se mantienen en la oscuridad. ¿Qué han hecho los gobernadores y alcaldes para limpiar sus policías y estructuras de impartición de justicia? Los pretextos son del tamaño de la complicidad. Una banda de crimen organizado en una ciudad sólo puede asentarse en una zona territorial con la complicidad de policías estatales y municipales y ante la anuencia/pasividad de los delegados de las corporaciones policiacas y de seguridad federales.La Federación tendrá que revisar sus estrategias, pero las autoridades estatales y municipales habrán de asumir sus responsabilidades. En el mapa del atlas delictivo en el país, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad ofrece datos más que inculpatorios: hacia mediados de 2007, antes del colapso social de seguridad, ocho entidades de la República estaban por encima de la media de 47 por ciento de sentimientos de inseguridad de los ciudadanos: DF, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Morelos y Tabasco.Pero lo grave es que en un año cuando menos seis entidades más han aumentado sus percepciones de inseguridad sobre la media: Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Michoacán, Guerrero y Nuevo León. Por tanto, ahí la falla ha sido local, estatal o municipal. Si un gobernador o un presidente municipal ignoran la composición del tejido social, político y demográfico de su territorio, entonces ahí el problema es de la gobernación local. Lo significativo es que los capos del crimen organizado no se esconden sino que pululan en las ciudades con sus rostros conocidos y sus colas de guardaespaldas.Son cinco las tareas básicas de una autoridad de gobierno estatal y municipal: salud, seguridad, educación, desarrollo urbano y promoción de la actividad productiva. Toda autoridad local está obligada a un sistema de inteligencia para tener el conocimiento de las redes de poder. Pero cuando los policías están al servicio del narco, entonces la responsabilidad administrativa, penal y política de la autoridad local no puede ser endosada al gobierno federal.Por tanto, los gobernadores y alcaldes deben ser los primeros en asumir la responsabilidad de la seguridad... o la inseguridad. A menos que sus quejas y la acreditación de la responsabilidad al gobierno federal y el bloqueo a reformas legales sea una estrategia para impedir la limpieza de las estructuras políticas, de gobierno, partidistas, policiacas y judiciales estatales y municipales hasta ahora dominadas por el crimen organizado.

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