¿Cuánto nos miente el Estado?

Luciano Pascoe Rippey
Domingo 16 de Noviembre de 2008

Con la información revelada el viernes pasado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, el gobierno federal pone un matiz definitivo a la especulación —semisilenciosa gracias a la casi neurótica prudencia de los medios— sobre la muerte de Juan Camilo Mouriño. De golpe, con la información del radar, con la imagen en cámara de video y con las conversaciones que de la ‘caja negra’ se desprenden, lo más posible es que los pilotos hayan cometido graves errores y que sus malas acciones frente a una estela de turbulencia de otra nave hayan provocado la caída del avión.
Evidentemente no contamos con supervivientes para refrendar o desmentir esa versión, y tampoco creo que sea lo relevante. Siempre existen las voces que aseguran, desde sus visiones particulares, que todo es un complot para ocultar la espeluznante realidad. Voces que no se tragan la versión de los errores, ni de la turbulencia, ni ninguna otra. Y si se dijera que fue un atentado tampoco creerían la historia.
Es parte de nuestra tendencia no creerle nada al gobierno, y a estar siempre seguros de que nos está tendiendo una trampa para mantenernos alejados de las verdades que lo explican todo.Pero esta ‘natural’ tendencia a no creer tiene sus legítimos orígenes.
El estado mexicano ha sido incapaz de darnos un parte creíble sobre los eventos ocurridos contra estudiantes en 1968 o en 1971.
Tampoco ha dado luz sobre la violencia contra los grupos de izquierda desde las instancias de seguridad pública, así como tampoco tenemos información cierta sobre la violencia ejercida contra cientos de grupos políticos, campesinos y sindicales en los 70 y 80. Con las pobres versiones sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu, con el sepulcral silencio que rodeó al accidente en el que falleció Ramón Martín Huerta, se fue volviendo imposible darle un ápice de credibilidad a un Estado que nos ha tratado históricamente como menores de edad.
El Estado tampoco ha podido explicar con algo de sagacidad lo que sucedió ese domingo de julio de 1988 en el que se cayó el sistema cuando Cárdenas ganaba la elección a la presidencia, y que cuando se reestableció era Salinas quién estaba en una cómoda ventaja.
Mucho menos nos ha dado explicaciones comprensibles sobre los más de trescientos muertos del perredismo durante ese sexenio.
Pero el oscurantismo gubernamental no tiene que ver sólo con eso.
Tampoco ha explicado la relación documentada del crimen organizado –-y del narcotráfico en particular–- con el PRI, con la jerarquía eclesiástica y con otros grupos políticos. Mucho menos se ha dado parte sobre las misteriosas estatizaciones, luego privatizaciones y luego rescates de varias industrias, ni sobre los negocios de especuladores y el papel de funcionarios públicos que se hicieron millonarios de la noche a la mañana con nuestras diversas devaluaciones.
Nadie se ha molestado en darnos una justificada explicación sobre las expropiaciones que dieron vida a la zona –-hoy lujosa antes miserable–- de Santa Fe en el Distrito Federal. Y bueno, que decir de temas más recientes como el de la osamenta, Chapa Bezanilla, y todo nuestro sistema de justicia basándose en las declaraciones de una psíquica –-La Paca–-, o los motivos de Carlos Ahumada para pensar que tendría protección del gobierno federal si se aventaba contra el PRD, o todos esos negocios que han hecho de López Obrador un hombre tan acaudalado que puede mantener su movimiento sin prerrogativas públicas, gracias a supuestas donaciones de varias empresas constructoras.
En fin, la cantidad de mentiras que rodean nuestra vida pública son tantas que es entendible que nadie este dispuesto a creerse las versiones –-por muy bien documentadas–- que nos presente el gobierno federal.
Sin embargo, regresaré a mi argumento de que, en realidad, ya no importa. No es relevante de que fallecieron los funcionarios públicos y las y los ciudadanos que estaban en tierra. Los que se vuelve trascendental es que pongamos los ojos en el futuro y empecemos un verdadero proceso de rendición de cuentas, de transparencia, de compromiso con la ciudadanía. para que los tiempos de total y absoluta desconfianza en los gobiernos empiece a ser desplazada, en los hechos, por una mínima certeza de que tal vez, sólo tal vez, están diciendo la verdad.
Con tantos crímenes sin resolver, el Estado tiene una enorme responsabilidad para recuperar una pequeña posibilidad de convencer a la sociedad de que sus versiones son creíbles.De ahí que el monumental esfuerzo del gobierno federal por dar información dura a la brevedad le ganó la batalla a la especulación, y puso a los agoreros del terrorismo en la necesidad de explicarse frente a hechos consumados y no a dichos de funcionarios.
La estrategia parece haber dado algunos frutos, sin embargo, el gran reto está en ir demostrando, día a día, de que éste es un gobierno que demuestra sus dichos y sostiene con hechos sus supuestos y no que abusa de la retórica para avanzar sus temas.¿Cuánto nos miente el Estado?
No importa. Es, siempre, más importante el futuro y el actuar de los presentes, que la búsqueda de explicaciones en el pasado y en el desempeño de los ausentes.
Pero nunca hay que claudicar en la exigencia de transparencia, verdad y justicia.

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