Chiapas: AMLO-Mendiguchía

Carlos Ramírez
INDICADOR POLÍTICO
Miércoles, 19 de noviembre de 2008

PT, fuero político a corruptos.

De la mano del repudiado exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía y del perseguido exfiscal Mariano Herrán Salvatti, la familia López Obrador pretende tomar por asalto la política en Chiapas. Sólo que sus cuadros políticos están casi todos acusados en tribunales por corrupción y represión.
La maniobra en Chiapas la opera Pío López Obrador, otro hermano incómodo de Andrés Manuel, y busca imponer a Salazar Mendiguchía, el exgobernador que reprimió y encarceló periodistas y aplastó a indígenas, como diputado plurinominal por el Partido del Trabajo. El otro brazo político es el senador perredista -y obviamente expriista- Rubén Velázquez, secretario de gobierno del final del sexenio de Salazar Mendiguchía.
En este contexto se deben leer los recientes movimientos del gobernador Juan Sabines: colocó en la Secretaría de Gobierno a Noé Castañón León, quien traía un sólido prestigio como abogado y presidente del tribunal de justicia. Pero Castañón había sido acosado por Salazar Mendiguchía para que renunciara al cargo judicial. Ante la negativa, Salazar usó todo el poder de la gubernatura para reventarlo pero la mayoría de magistrados lo sostuvo. A partir de entonces, el poder judicial en Chiapas fue colocado en la lista negra del gobernador.
La historia ha sido revivida en la prensa local de Chiapas porque forma parte del estilo atrabiliario de gobernar de Salazar Mendiguchía. A finales de 2000, apenas tomando la gubernatura, Salazar quería tener en su puño todo el poder. Por eso buscó poner en el poder judicial estatal a un incondicional, pero para ello debía de renunciar el presidente vigente. En el área judicial de su gobierno estaba nada menos que Herrán Salvatti, quien había llegado a Chiapas con toda la fama pública negativa que acumuló como fiscal antidrogas en una de las etapas de mayor aumento en el tráfico de estupefacientes. Como Castañón León se negó a aceptar la orden, el gobernador maniobró para destituirlo pero fracasó. A partir de entonces el poder judicial local autónomo fue borrado de actos y ceremonias.
La alianza de Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, por medio de su hermano Pío, ha logrado revivir políticamente a Salazar Mendiguchía y al exfiscal Herrán Salvatti, dos personajes repudiados en la sociedad y en los medios por la estela de corrupción, represión y muerte que dejaron. Herrán, inclusive, ha sido acusado por exfuncionarios del gobierno de Roberto Albores Guillén con documentación sólida sobre la forma en que pervirtió la justicia para perseguir a políticos antecesores. Pistas del narcotráfico en Chiapas han comenzado a llevar a la oficina de Herrán, quien cuenta con la protección de grupos de la Procuraduría General de la República y de dirigentes nacionales del PRI.
Las huellas represoras han sido recordadas por eventos políticos significativos. Uno de los principales colaboradores de Albores Guillén en la gubernatura fue perseguido por Herrán con manipulaciones evidentes de los procesos judiciales. Hoy el caso de Herrán se encuentra litigando en tribunales por el cúmulo de irregularidades. Sin embargo, Herrán aparece protegido por políticos locales y federales.
En la lógica de 2009 local, el exgobernador Salazar quiere regresar a la política por la vía del fuero legislativo. Aliado a López Obrador, Salazar puede recibir la protección de una diputación federal del Partido del Trabajo, el más aliado con López Obrador en el Frente Amplio Progresista en vías de extinción. El PT ha formado parte de la gran alianza de casi todos los partidos, excepto el PRI, en las dos últimas elecciones para gobernador. Pero en elecciones de menor nivel, la presencia del PT ha sido bastante menor.
En este contexto, la posible candidatura de Salazar a una diputación federal plurinominal por el PT o el FAP sería una decisión directa de López Obrador. Y ella estaría en el escenario de la presencia creciente de Pío López Obrador en Chiapas, mientras el hermano José Ramiro se ha apoderado del PRD en Tabasco. En los espacios del PRD ajeno a AMLO no se había considerado la nominación de Salazar por las denuncias de represión y corrupción en su contra.
En los espacios del PRD se había ya rechazado cualquier posibilidad de que Salazar llegara como candidato a legislador. Sin embargo, la alianza de Salazar con López Obrador en el pasado lo llevó a colocarse en las listas previas del PT. Sin embargo, no llegaría a la Legislatura local por resultados sino para conseguir un fuero constitucional de tres años más en tanto se desahogan los expedientes judiciales en su contra. A Salazar lo acusan de mal uso de los 21 mil millones de pesos de apoyo federal para damnificados del huracán Stan y tiene en su haber el encarcelamiento abusivo de directores de periódicos que se atrevieron a criticarlo.
El caso de Herrán es aparte. El polémico exfiscal antidrogas cuenta con la protección de algunas áreas de la PGR y también del alto mando del PRI. En la última reunión nacional del PRI en Guanajuato, Herrán llegó como invitado especial de la dirigencia, pero ante el repudio de los priistas chiapanecos y de la senadora priista María Elena Orantes, la única en un estado gobernado por la oposición antipriista. Herrán ha creado un grupo especial en Chiapas para generar inestabilidad e inseguridad pública.
Pero Salazar y Herrán comienzan a pagar sus culpas con acusaciones judiciales. La decisión popular ha comenzado a hacerse justicia: los nombres de Salazar Mendiguchía y del senador perredista Velázquez León fueron quitados de calles de San Cristóbal de las Casas como una forma de repudio. Pero aun así, Salazar será una pieza de López Obrador en la próxima Legislatura federal.

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