Errores y dilemas

Jaime Sánchez Susarrey
11 Oct. 08

Para PA Felipe Calderón enfrentó su primer dilema con la reforma fiscal. Su punto de partida fue simple: más vale realizar lo posible que pelear por lo deseable. Las cosas, en realidad, fueron más complejas. Beltrones fijó los términos de la ecuación: no habría reforma fiscal sin una reforma electoral. El contenido de esta última fue acordado por el PRI y el PRD. El PAN, con la anuencia de la Presidencia de la República, se sumó a la iniciativa. ¿Fue un error o un acierto? La respuesta es clara: los elementos negativos pesan mucho más que los positivos.
Primero, porque la reforma fiscal fue insuficiente. Ni el PRI ni el PRD quisieron entrarle al problema de fondo: eliminar las exenciones al impuesto al consumo y simplificar los trámites para los contribuyentes. Más temprano que tarde este capítulo deberá abrirse de nuevo. Sobre todo si, como ya está sucediendo, los ingresos que provienen del petróleo se reducen. Es muy probable que antes de que termine este sexenio el gobierno de la República se vea obligado a replantear toda la cuestión.
Segundo, porque la reforma electoral atentó contra la libertad de expresión al prohibir a particulares la contratación de espacios en radio y televisión en tiempos electorales. Porque viola el derecho a la información de los ciudadanos al prohibir las campañas negativas. Porque ha transformado al IFE en un censor no sólo durante los procesos electorales, sino en todo momento. Y, por último, porque lesionó la autonomía de una de las instituciones que tenían mayor grado de confianza.
Con la reforma energética Felipe Calderón enfrenta ya un dilema similar: lo posible se ha encogido de manera drástica y no resuelve lo indispensable ni lo urgente. Me explico: al inicio del debate sobre Pemex, Manlio Fabio Beltrones fijó su posición en términos muy precisos: no se haría ninguna reforma constitucional, no se admitirían los contratos de riesgo, pero se apostaría por alianzas estratégicas con otras empresas petroleras. El coordinador de los senadores priistas pensaba en la posibilidad de establecer acuerdos con Petrobras para la exploración y explotación en aguas profundas.
En Los Pinos el mensaje fue entendido y atendido. La iniciativa de reforma del Presidente no pretende reformar la Constitución ni contempla contratos de riesgo. Incluye, eso sí, contratos con premiación al desempeño y la posibilidad de que Pemex contrate a empresas privadas para refinar el petróleo. Pero la moderación presidencial no fue bien recibida ni en el PRI ni en el PRD. En el PRD porque López Obrador se encargó de denunciarla como privatizadora. En el PRI porque se han impuesto consideraciones estrictamente políticas.
De hecho, la posición que han adoptado los priistas no refleja, ni remotamente, la tesis del senador Beltrones. La posibilidad de alianzas estratégicas con otras empresas petroleras fue descartada. Y al descartarla se deja en el limbo todo el capítulo de exploración y perforación en aguas profundas. Esto significa que la reforma que viene ni siquiera tocará esta cuestión. Amén de que la propuesta de refinerías privadas también será eliminada. Por eso es seguro que el dictamen y la votación de la reforma contarán con el apoyo de toda la bancada del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Es incluso probable que a esa iniciativa se sume una fracción importante de los diputados del PRD; particularmente de la fracción que no se identifica con López Obrador. A final de cuentas, el criterio que rige esta negociación es el del mínimo común denominador: se elimina todo aquello que causa conflicto o que provoca divisiones. La paradoja y el costo de esta estrategia están a la vista. Por una parte, López Obrador ha ganado la batalla sin disparar un solo tiro. Porque la iniciativa por más virtudes que tenga no resuelve dos problemas esenciales: la explotación en aguas profundas y la importación del 40 por ciento de la gasolina que consumimos (amén de otros derivados del petróleo).
Por la otra, pondrá al gobierno de la República en una situación insostenible. La caída de la producción de petróleo ha sido vertiginosa en los últimos años. El agotamiento de Cantarell no tiene vuelta de hoja. Del 2004 a la fecha ha descendido en 47.6 por ciento. Sustituirlo obliga a replantear toda la estrategia de exploración y perforación de Pemex. El tiempo, además, corre en contra. Hasta ahora la caída en la producción había sido compensada por los altos precios del petróleo. Pero ya no es el caso. Menos aún en el contexto de la crisis financiera y la recesión internacional que se vislumbra.
¿Cuánto tiempo queda por delante? No mucho. Hay quien calcula que en un lapso menor de cinco años podríamos dejar de ser exportadores netos de petróleo o, en todo caso, que los egresos por la compra de gasolina y otros derivados fuesen iguales a los ingresos por la exportación de crudo. El efecto que esto tendría en las finanzas públicas sería catastrófico. Cuarenta centavos de cada peso que gastan los gobiernos federal, estatal y municipal provienen de la renta petrolera.
Se dijo, al inicio del debate sobre la reforma energética, que el problema no le estallaría en las manos al gobierno de Calderón. La producción caería, pero no al grado de lesionar las finanzas públicas. Se trataba, pues, de hacer una reforma para el próximo presidente de la República, cualquiera que fuese el color de su casaca. Sin embargo, a la luz de la crisis internacional, que incluye la caída de los precios del petróleo, y del agotamiento de Cantarell, este diagnóstico debe ser revisado. Hay quien pronostica que hacia el 2010 la situación se tornará insostenible.
Y ése es justamente el meollo de la cuestión. En el momento en que la crisis estalle será el presidente de la República quien deberá dar la cara. ¿Por qué no se hizo a tiempo lo que se tenía que hacer? ¿Quiénes son los responsables? Las respuestas dependerán de lo que ocurra con la reforma energética. Si Calderón admite la reforma consensuada con el PRI y el PRD no tendrá argumentos ni razones para deslindar a su gobierno. En cambio, si la rechaza por insuficiente y denuncia y alerta sobre los riesgos que la inmovilidad tiene para el futuro del país tendrá un as en la mano.
Pero además, ése debería ser el eje del debate electoral en el 2009. El lema de campaña del PAN podría ser: dale la mayoría en la Cámara de Diputados al Presidente para hacer la reforma que se necesita y evitar que México se hunda en una crisis.
¿Es una apuesta riesgosa? Sin duda. Pero es mejor que no hacer nada.

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