Desconfianza y reformas

Antonio Morfín Maciel
Miércoles, 22 de octubre de 2008

Con décadas de retraso, tras casi un año de deshojar la margarita y sin llegar al fondo del asunto, finalmente nuestros diputados lograron un acuerdo para modificar las leyes en materia petrolera. Diría el fabulista: "estos montes, que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron".
Los temas más importantes simplemente se dejaron fuera de la discusión. Pemex seguirá sin enfrentar competencia alguna. En aras de evitar toda sospecha "privatizadora", en vez de seguir las mejores prácticas de negocios y echar mano de la tecnología más avanzada, habrá que atenerse a lo que buenamente pueda hacer Pemex con sus propios medios; el objetivo de maximizar la rentabilidad de la empresa se sacrificó en el altar de los prejuicios y las bravatas. Una parte importante de los excedentes petroleros será para el sindicato, a cambio no tanto de productividad, sino de no dar lata. La indigna venta de plazas magisteriales es nada comparado con las "conquistas laborales" en Pemex.
Como si fuera la honra de por medio, muchos de los actores no aceptaron, de entrada, hablar siquiera de participación privada. Está a la vista que esta postura goza del respaldo de una buena parte de la sociedad, pues no son pocos los que celebran como una hazaña el limitadísimo logro alcanzado.
¿Por qué esta dificultad para discutir abiertamente algunos temas económicos en nuestro país? Da la impresión de que una parte importante de la sociedad está como vacunada contra cualquier cosa que huela a libre empresa, competencia y mercado. ¿Cuál es el origen de esta resistencia?
Douglas C. North, premio Nobel de Economía en 1993, ha dedicado años de estudio a tratar de responder por qué algunos países prosperan y otros no. Concluye que una de las principales causas de atraso es lo que él llama "restricciones informales", entre las que se encuentran prejuicios y modelos mentales mediante los cuales se valora la realidad.
Por muchos años el discurso oficial del gobierno mexicano condenó a la empresa privada. Ello no obstó para que se hicieran en el país grandes negocios, pero con frecuencia vinculados al poder. Desde la tribuna pública se ensalzaban nacionalizaciones, luchas populares y conquistas sindicales. La empresa era un mal a tolerar.
En los años ochenta y noventa se hicieron diversas reformas a favor del desarrollo de los mercados y de la participación de la empresa privada. Se eliminaron restricciones a la competencia, se privatizaron empresas públicas y se liberó el comercio con el resto del mundo. Todo esto, decía el discurso político de la época, se traduciría con el tiempo en mayor bienestar para la población.
Preferencias ideológicas aparte, era simplemente imposible para el país seguir por la vía de la economía cerrada y con el nivel de intervención estatal que había entonces. Los indicadores fríos sobre bienestar, con todos los matices del caso, sugieren que la sociedad en su conjunto ganó con las reformas. Estas ganancias, sin embargo, se quedaron muy por debajo de las expectativas que habían generado las nuevas reglas.
La percepción popular es que muchas de las reformas se hicieron con el propósito de beneficiar a algunos políticos y favoritos de régimen, y no para promover el desarrollo de mercados libres. Amén de aquellos casos concretos en que esto pudo ser verdad, lo cierto es que en México hay una experiencia de siglos en que muchas acciones que promueve el gobierno, supuestamente para beneficiar a la mayoría, no tienen más propósito que favorecer algún interés privado.
Quizás estos argumentos ayuden a explicar por qué en México no se abordan con seriedad algunos temas cruciales para nuestro futuro. El recelo hacia lo que suene a liberación de mercados, apertura, flexibilidad, innovación y libre empresa se ancla, por un lado, en una visión del mundo insistentemente machacada por décadas desde el discurso oficial y, por otro, en una percepción muy extendida de que tras las reformas de mercado se ocultan intereses oscuros y perversos.

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